Honduras enfrenta graves desafíos relacionados con corrupción sistémica, injerencia política en el sistema de justicia y violaciones de derechos humanos en un contexto de fragilidad de las instituciones democráticas. La presidenta Xiomara Castro asumió el cargo en enero de 2022 prometiendo luchar contra la corrupción y defender los derechos humanos tras años de abusos generalizados, pero la respuesta de su gobierno a esas promesas ha sido lenta. La mayoría de las violaciones de derechos humanos permanece en la impunidad. La tasa de homicidios del país sigue siendo una de las más altas del mundo. Entre los grupos más vulnerables a la violencia se incluyen mujeres, defensores de derechos humanos, indígenas, afrohondureños y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).

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