Desde su toma de posesión, el presidente Nayib Bukele ha desmantelado las instituciones democráticas, entre otras medidas, sustituyendo sumariamente al fiscal general y a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
En marzo de 2022, legisladores oficialistas adoptaron un régimen de excepción que suspendió derechos constitucionales en respuesta a una escalada de violencia de las pandillas. Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, y cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos.
Decenas de personas han muerto en prisión. Al mismo tiempo, las autoridades reportan un descenso significativo de la violencia de las pandillas, incluido un descenso de los homicidios. Siguen siendo motivo de grave preocupación las severas restricciones al acceso al aborto, el hostigamiento y los procesos penales arbitrarios contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil, y la escasa rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos.

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