Ocho apellidos de protección pública en Alicante: se reparten dos o tres pisos en la urbanización del escándalo
La denuncia que ha llevado a una magistrada a abrir una investigación señala también la coincidencia de apellidos entre los propietarios con varios pisos
- Política PP y PSOE se enzarzan en su disputa por la bandera de la vivienda en pleno escándalo por el 'pelotazo' de Alicante
- Polémica Alicante prohíbe el acceso de sus concejales y familiares a vivienda protegida mientras afloran nuevas irregularidades
Nadie sabe a ciencia cierta cómo y cuándo acabará el escándalo por la vivienda protegida que ha sumido alAyuntamiento de Alicante en una de suscrisis políticas más graves, y que ha salpicado incluso alGobierno valenciano deJuanfran Pérez Llorca. Elpelotazocon la adjudicación de pisos de protección pública a cargos políticos, familiares y funcionarios del consistorio -que dirige elpopularLuis Barcala- se ha cobrado ya varias dimisiones. Y todo ello mientras la vía judicial aún acaba de empezar. Una magistrada de Alicante ha abiertodiligencias de investigación tras una denuncia deManos Limpias.
Bajo el foco están los 140 pisos de la urbanización de lujoLes Naus, en el cotizado barrio dePlaya de San Juan. Si un apartamento puede rondar el medio millón de euros en esta zona, los agraciados con las viviendas de Les Naus -construidas por una cooperativa en suelo municipal- las compraron por unos 200.000 euros. La maraña de enchufes se explicaría, según ha deslizado el propio Ayuntamiento en su denuncia a laFiscalía, por el uso de «información privilegiada de los empleados municipales».
El proceso de subasta de la parcela municipal se inició en 2018, si bien la cooperativa la adquirió finalmente en 2022. De hecho, la propia cooperativa ha reconocido que se trata de una promoción privada cuyas viviendas se adjudicaron directamente a los socios.No hubo publicidad porque la demanda superaba a la oferta. Es decir, había lista de espera y laGeneralitatse limitó a visar los contratos para certificar que los beneficiarios cumplían los requisitos.
El resultado: muchos de los dueños de los pisos están relacionados o tienen contactos en el Ayuntamiento. No solo eso, pues la Generalitat ha tenido queexpedientar a un funcionario con la suspensión de empleo y sueldo porque visó contratos cuyos beneficiarios pudieron no cumplir los requisitos. Incluido el de su mujer,Elsa Lloret, arquitecta municipal en Alicante que omitió los datos de renta de su marido para poder hacerse con uno de los pisos.
Según fuentes de la Generalitat, todos los expedientes que supervisó este funcionario están bajo revisión. Entre ellos, figura el de otra propietaria con la que este funcionario coincidió en laDelegación Territorial de Alicante cuando ambos fueron promocionados por el anterior gobierno de izquierdas deXimo Puig en 2019. En el caso de ella, como interventora de la Generalitat, tal y como informó ayer eldiario.es.
En el caso del Ayuntamiento, en su denuncia a la Fiscalía señala a tres personas: dos cargos políticos y, de nuevo, un arquitecto municipal. En el primer caso, se trata de la ya ex concejala de Urbanismo,Rocío Gómez, y de la que fuera directora general municipal,María Pérez-Hickman. Ambas presentaron su renuncia.
La ex concejala es una de las propietarias en Les Naus -aunque lo hizo antes de acceder al cargo- junto a su ex cuñado y su suegro, que tienen también pisos. Pérez-Hickman no es directamente propietaria, pero sí sus dos hijos y un sobrino. La otra concejala señalada es la de Hacienda y Patrimonio,Nayma Beldjilali, porque la hermana de su secretaria es también beneficiaria. Ella ha negado cualquier implicación.
Según el consistorio, el arquitecto municipalFrancisco Nieto es otro de los beneficiarios, a pesar de que intervino en el contrato con la cooperativa. Tanto él como Lloret, su compañera en el departamento de Urbanismo, son los únicos expedientados por el Ayuntamiento del PP.
La tercera dimisión como consecuencia de la polémica fue la del jefe de gabinete de la actual consejera autonómica de Turismo, Miguel Ángel Sánchez. La madre de sus hijas es la dueña de otro piso.
Pero la denuncia de Manos Limpias amplía la nómina de nombres e incluye al notarioJosé María Izaguirre como fedatario de las escrituras de adjudicación y con dos hijos entre los propietarios. También están los dueños de la cooperativa (el administrador único, el presidente, la vicepresidenta y la secretaria), que son a su vez vecinos en Les Naus. Manos Limpias apunta además a otra presunta irregularidad: la coincidencia de apellidos entre los residentes. LosLópez Godoy tienen tres pisos, mientras que losMurcia, losBander Zapater, losCerdán Fabregat, losMira Lillo, losArenas Carabal y losArena Lorente tienen todos dos.
De la ocultación de la renta al empadronamiento: todo lo que se investiga
Más allá de la lista de beneficiarios de las viviendas de protección pública en el residencial Les Naus de Alicante, bajo sospecha están también presuntas irregularidades como la posible ocultación de la renta familiar o el empadronamiento de algunos propietarios.
Tras apartar al funcionario que visó el contrato de su propia mujer -y que había ocultado la renta de su cónyuge-, la Generalitat revisa con lupa una decena de expedientes. En concreto, los que pasaron por las manos de este funcionario y que tampoco tienen información de la renta del cónyuge cuando están en separación de bienes. Y ello porque uno de los requisitos para acceder a una vivienda de este tipo es que los ingresos de la unidad familiar no superen 6,5 veces el IPREM anual. Esto es, unos 54.600 euros anuales. El Gobierno del PP incrementó el límite de renta desde los 46.800 que fijó el ejecutivo de Ximo Puig, que lo subió cuando estaba en 32.800 euros.
Además, se investiga si los dueños de los pisos estaban convenientemente empadronados cuando se les adjudicaron las viviendas.
Al margen de esto, la Consejería de Vivienda que dirige Susana Camarero introducirá cambios en la normativa para reforzar los controles. En concreto, se quiere que un órgano colegiado -y no un único funcionario- revise los expedientes de visado. En paralelo, se creará un registro específico público de beneficiarios para cada promoción privada de vivienda protegida y se estudia revertir la autorización de los visados obtenidos de manera irregular. Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante prohibirá el acceso de los cargos públicos y asesores municipales a promociones de vivienda protegida, así como a ayudas sociales.
