A pesar de que la aplicación de la pena de muerte para delitos cometidos por menores de 18 años está prohibida en el derecho internacional de los derechos humanos, algunos países siguen ejecutando a personas que fueron condenadas cuando aún no habían cumplido esa edad. Este tipo de ejecuciones son pocas si se las compara con la cifra total de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional año tras año, pero su importancia va más allá de las cifras y pone en tela de juicio el compromiso por parte de los Estados ejecutores de respetar el derecho internacional y, en particular, los derechos humanos de niños y niñas.