Así mismo, está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro delEstado a la luz de los principios orientadores delderecho penal moderno (como el de mínima intervención y de selectividad).
Por su calidad en elprocedimiento y su vinculación con los demás intervinientes en elproceso penal, es un sujeto procesal y parte en el mismo, por sustentar una posición opuesta alimputado y ejercer la acción penal (en algunospaíses en forma monopólica). Sin embargo, es parte formal y no material por carecer de interés parcial (como un simple particular) y por poseer una parcialidad que encarna a la colectividad (alEstado) y que exige, por tanto, que sea un fiel reflejo de la máxima probidad y virtud cívica en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes.
El Ministerio Público tiene por funciones las de promover la acción de la justicia así como defender la legalidad, los intereses del estado y la sociedad, conforme a lo establecido en laconstitución y las leyes de larepública oreino.[1]
El ministerio público, por lo general, está configurado como un órgano sinpersonalidad nipatrimonio propio (actuando, por tanto, bajo lapersonalidad jurídica delEstado), lo que no significa que carezca de autonomía e independencia funcional administrativa y financiera.[cita requerida]
Según su ubicación jurídica dentro de ladivisión de poderes, el ministerio fiscal puede encontrarse:
Dentro delpoder legislativo; el ejercicio de su función puede quedar influida por la contingenciapolítica.
Ajeno a los poderes del estado, en este caso se entiende como un órgano que no responde ante ninguno de los poderes clásicos en calidad de subordinado jerárquicamente (por ejemplo,Brasil,Chile,Guatemala,Honduras,Perú,México, etc.).
Como otro poder a nivel constitucional, actuando como un órgano autónomo y en igualdad que condiciones que los otros poderes —como el ejecutivo, legislativo o judicial— (por ejemplo,Venezuela).
Desde el punto de vista de la teoría de lospoderes del Estado, se considera que la fiscalía general:
No realiza actividad general del tipo producción normativa más allá de sus funciones internas para la aplicación del derecho (sin perjuicio de ladoctrina de los actos propios), por lo que no es parte de lafunción legislativa;
Realiza actividad de aplicación del derecho, del tiporepresiva de las infracciones al orden penal, por lo que su función es una «especie» que cae dentro de lafunción judicial, junto a los tribunales que ejercenjurisdicción.
Dado el carácter de órgano público que posee el ministerio fiscal, sus actuaciones, desde las máximas autoridades del mismo hasta los agentes que le representan en cada caso, deben adecuarse a ciertos principios básicos, propios delEstado de derecho, contenidos en la mayoría de laslegislaciones, entre los que se encuentran los siguientes:
Principio de oportunidad: que morigera la aplicación del principio de legalidad, permitiéndole no iniciar una persecuciónpenal o abandonar la ya iniciada, bajo ciertos parámetros objetivos.
Principio de objetividad: consiste en que, en el ejercicio de sus facultades, debe adecuarse a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación delderecho. Se le impone así la obligación deinvestigar con igual celo no solo los antecedentes que permiten sustentar la persecución oacusación, sino también los antecedentes que permitan apoyar ladefensa delimputado oacusado (es decir, elmaterial rosario y laevidencia brady, respectivamente, del sistemaestadounidense).
Principio deresponsabilidad: que constituye el equilibrio necesario a las importantes competencias, atribuciones y facultades que ejerce. En general, se concibe a susfuncionarios como responsablescivil,penal yadministrativamente y al órgano comocivilmente responsable, por las actuaciones en el ejercicio de sus funciones.
Principio de indivisibilidad: en el sentido de que la institución es única e indivisible, puesto que losfiscales actúan exclusivamente en su nombre. Ello obliga a estos a actuar como un solo cuerpo, tanto en la actuación material como en las decisiones jurídicas que adopten, porseguridad jurídica.
Principio derespeto de los actos propios: por las expectativas legítimas que genera su conducta, los fiscales, que lo representan, deben respetar susactos propios en juicio ojudiciales, suspropias instrucciones fiscales yórdenes de los mandos superiores del ministerio público en favor de losciudadanos, en protección de la seguridad jurídica. Esto implica la oponibilidad en favor de los ciudadanos, no en contra, de dichos actos, instrucciones y órdenes, siendo efectivos ante los tribunales de justicia. La sanción de la conducta en contrario se da, en general, mediante una soluciónprocesal: la inadmisibilidad del medio,acción orecurso procesal.
En 2023, el Ministerio Público reportó un incremento significativo de denuncias y casos de corrupción en España, con más de 1.800 denuncias, un crecimiento del 17.5% respecto al año anterior. Este aumento ha planteado importantes desafíos para suFiscalía Anticorrupción, que continúa enfrentando una carga elevada de casos con limitaciones en su personal y recursos[2]>.
En 2024, en una investigación interna en el Ministerio Público de España, fue detenido el jefe de Antiblanqueo de la Policía en Madrid con 20 millones de euros escondidos entre las paredes de su casa.[3]
Portal:Derecho. Contenido relacionado conDerecho.
